Los fundamentos del ordenamiento jurídico de todo país se apoyan en sus estructuras sociales y experiencias políticas. Éstas determinan tanto las coordenadas relevantes del conflicto social como el contenido y la intensidad de las contradicciones, y acotan las opciones de las estructuras estatales. Cada Constitución, documento político y jurídico por excelencia, refleja las cosmovisiones de los constituyentes, la herencia ideológica y teórica de su entorno cultural y las frías especulaciones de los intereses políticos de su época. Cada Constitución proyecta hacia el futuro la impronta de la generación que la proclama, pero al ir evolucionando el mundo exterior nacen situaciones de tensión entre el marco normativo y la realidad política que procura quebrantarlo.

En Finlandia ha sido un elemento afortunado para el desarrollo de una sociedad igualitaria y de un estado democrático el que la nación siempre haya tenido una estructura relativamente homogénea, sin esos contrastes étnicos, culturales, religiosos y lingüísticos que trazan en una comunidad rígidas fronteras divisorias y en cuyo seno los conflictos de intereses se viven como cuestiones de principios difíciles de resolver. La controversia entre los grupos de idioma finlandés y sueco fue en su momento de este tipo, pero el país fue capaz de encauzarla relativamente temprano en un problema de minorías, que se resolvió exitosamente y cuya significación política ha sido durante ya más de medio siglo bastante escasa.

La división en clases basadas en una posición socioeconómica, en cambio, ha sido en la sociedad finlandesa bastante abrupta y políticamente importante. En la fase crítica de la independencia el conflicto se agudizó, para estallar en 1918 en una guerra civil después de la cual se abrió una brecha clasista que dividió a los sectores laborales, económicos y culturales con el resultado de que la clase obrera se organizó política, social y culturalmente en sus propias instituciones paralelas. El conflicto profundizó la base clasista de las agrupaciones partidarias, aunque el énfasis clasista en la política también era consecuencia de la uniformidad general de las sociedades nórdicas. La oposición entre los intereses rurales y urbanos y la posición del Partido Agrario en el centro político suavizaron la división en frentes y evitaron el estallido de un conflicto de clases en el estado. A partir de los cambios sociales estructurales iniciados en los años sesenta, el modelo de comportamiento político basado en el clasismo ha ido perdiendo vigencia. Al comenzar el tercer milenio Finlandia se destaca entre los estados de Europa occidental como una comunidad política fuertemente consensuada.

Las referencias históricas fundamentales hasta nuestros días son los ideales nórdicos de la autonomía y del estado de derecho. Las raíces de la organización política finlandesa se remontan a las comunidades espontáneas nacidas a nivel local durante la prehistoria, las aldeas autónomas. De éstas la representación popular se extendió en la edad media a los niveles provincial y nacional, aunque el derecho a participar en la elección de los representantes estuvo -debido a circunstancias tanto externas como internas- fuertemente limitado hasta principios del siglo XX. El principio de que la ley obliga no sólo a los gobernados sino también a la administración, desde los funcionarios de menor rango hasta los gobernantes, adquirió una especial relevancia cuando los finlandeses defendieron, durante los años de represión (1899-1905) de finales del período de autonomía dentro del Imperio Ruso, sus propias leyes constitucionales y su ordenamiento legal contra el despótico poder extranjero. El respeto por la aplicación literal de las normas y formas jurídicas ha caracterizado desde esa época tanto el rol de las autoridades como la conducta de los ciudadanos. También la Constitución es en Finlandia transparente y explícita: todos prefieren leerla literalmente.

Finlandia fue durante más de un siglo, de 1809 a 1917, un estado autónomo integrante del Imperio Ruso, status que aportó elementos contradictorios. Por un lado la construcción del estado y de la nación avanzaron notablemente. Con un órgano representativo y una administración central propios, y en los marcos del ordenamiento jurídico especial heredado de Suecia, los finlandeses asumieron en todos los niveles de la administración la responsabilidad fundamental por el manejo de sus propios asuntos. De esta manera, al independizarse en 1917 el país poseía casi todas las estructuras necesaria para un sistema estatal independiente: las colectividades autónomas locales, la administración regional, el órgano representativo nacional, el gobierno, las agencias de la administración central, los tribunales y los partidos, así como una sociedad civil con una compacta red de organizaciones. Sólo le faltaba un jefe de Estado propio. Desde mediados del siglo XIX también la identidad cultural de la nación se había fortalecido rápidamente en el espíritu de los contactos remanentes con occidente, y de esta manera también existían desde hacía buen tiempo las condiciones subjetivas para una completa independencia estatal.

Por otro lado, la dependencia de la Rusia autocrática imponía fuertes obstáculos al desarrollo democrático. No sólo frenaba la implementación de reformas sobre participación y derechos cívicos, sino que también alentaba en la cultura política de la nación estructuras autoritarias, cuyos elementos básicos eran un fuerte despotismo monárquico y una burocracia colectiva e impersonal. En este contexto, los pasos fundamentales del proceso de democratización se dieron en momentos de crisis, cuando las grandes masas lograron liberarse de sus ataduras. Ya antes de la independencia, en 1906 y 1907, se había puesto un hito cuando en una situación próxima a la insurrección popular el anticuado órgano representativo, de cuatro cámaras con delegados de los estados generales, fue reemplazado por un parlamento unicameral elegido por sufragio universal, sistema que no tenía muchos antecedentes en el mundo de la época.